¿Puede la sanidad pública española asumir a 1,5 millones de funcionarios y sus familias?
Colapso. Es una de las palabras más repetidas desde que MUFACE comenzó a hacer aguas. Colapso de la sanidad pública si el modelo desaparece y el sistema sanitario debe asumir al 1, 5 millones de personas que en este momento reciben atención a través de las aseguradoras en la sanidad privada. Un embotellamiento fundamentado en cómo está la pública, con listas de espera interminables y una Atención Primaria siempre ahogada. Colapso al que aluden desde el sector privado -que lleva tiempo insistiendo en esa tesis-; sindicatos como CSIF e, incluso, sociedades médicas, pero que rechaza el Ministerio de Sanidad que considera que el sistema está más que preparado para abrazar a esos mutualistas, lo que secundan asociaciones en defensa de la sanidad pública.
Mucho ante de la gran crisis desatada el 5 de noviembre -cuando DKV, Adeslas y ASISA, las tres aseguradoras que forman parte del actual concierto, decidieran abandonar el barco- sumiendo al modelo en una profunda crisis, el embotellamiento que supondría para la pública el fin de MUFACE era un escenario que ponían sobre la mesa diferentes entidades. Un informe de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), de febrero de 2024, considera que las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y en un 115% para las intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública.
Esa saturación afectaría más a algunas comunidades autónomas, aquellas que viven más saturación en la pública. En Andalucía, por ejemplo, este lunes el Sindicato de Enfermería (Satse) ha exigido a la Consejería de Salud y Consumo que, «si finalmente» se produce la incorporación de los mutualistas al Servicio Andaluz de Salud (SAS), «esta se traduzca en más personal y mejores recursos».
El sindicato ha informado de «la enorme preocupación» que le han trasladado enfermeros, especialistas y fisioterapeutas de todas las provincias andaluzas «ante la noticia de que los beneficiarios de Muface podrían pasar al SAS». El sindicato ha calculado que «supondría que 322.868 personas dejarían de estar cubiertas», aunque 62.000 «han optado ya por la sanidad pública». Esto «se traduciría» en la llegada de 260.000 nuevos beneficiarios al sistema público.
El ahorro
Este lunes, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) también se ha pronunciado y ha pedido al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que se siente a negociar con su organización el mantenimiento de la asistencia sanitaria «para no dejar colgados» a sus 1,5 millones de mutualistas.
Como recoge Europa Press, durante una rueda prensa organizada por Fedeca y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, ha advertido de que «no existen argumentos económicos ni jurídicos» para eliminar el concierto sanitario y pasar los funcionarios al sistema público, sobre todo cuando el gasto por mutualista es casi 600 euros menor que el coste por paciente del sistema sanitario público: 1.014 euros frente a 1.608 euros.
Esta diferencia de 594 euros por mutualista se traduce en un ahorro total estimado de 600 millones de euros al año para el Estado, apuntan. Todo esto sin sumar las inversiones que serían necesarias para incorporar a los nuevos beneficiarios si se desmantelase MUFACE, ha apuntado la presidenta de Fedeca. Además, cree que, si se analiza la evolución en el último lustro, el gasto en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha incrementado «sustancialmente más» que las primas de la mutualidad, un 41% frente a un 16%, sostiene Fedeca.
Las listas de espera
Esta entidad advierte, además, de que trasladar a los empleados públicos al sistema nacional de salud «sobretensionará» a comunidades autónomas donde las listas de espera ya son muy elevadas, especialmente Castilla y León, Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a la que habría que sumar Madrid si se añadiera el componente de la edad.
Fedeca también ha alertado que desmantelar el modelo supondría la «inmediata incorporación» de ese millón de nuevos usuarios -más otro medio millón de beneficiarios, que son sus familiares- al Sistema Nacional de Salud, «provocando una sobrecarga insostenible para un sistema ya tensionado». Se remite esta entidad al mencionado informe de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid.
Un 2% de incremento
Un argumento que rechaza de plano el Ministerio de Sanidad que, aunque no tiene competencia en torno a MUFACE (el organismo depende de Función Pública), si dio un paso adelante y el 18 de noviembre filtraba un informe que apostaba por liquidar el modelo y que esos funcionarios pasen a la sanidad pública. Un análisis que no ha sido tenido en cuenta por Función Pública que, desde el primer momento, lanzó un mensaje que ha reforzado el Gobierno: MUFACE no se va a disolver.
La ministra de Sanidad, Mónica García. / EFE
El mencionado informe de Sanidad, que no ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto, justificaba la liquidación del modelo de la siguiente forma: el paso de los funcionarios supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. Nada especialmente grave, se venía a decir.
Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizaban según ese recuento por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje (de mutualistas), siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años. Tanto a nivel global como en lo relacionado con la población mayor de 35 años, Ceuta y Melilla son las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje de población respecto a su población base cubierta por la asistencia sanitaria pública.
