El problema del reparto solo existe con los niños negros
-¿Qué conclusiones ha sacado Amnistía Internacional de su visita a los centros de menores de Canarias?
-La conclusión no ha sido buena. La situación es muy, muy dedicada. Durante nuestra visita hemos visto centros sobrepasados, con recursos humanos y medios económicos insuficientes. En Canarias no se está garantizando el interés superior del menor como marca la legislación internacional. Pero tampoco se está garantizando en España, porque el Estado no ha logrado aprobar un sistema de reparto vinculante, claro y obligatorio para que la infancia migrante pueda estar en mejores condiciones. Mientras se llega a un acuerdo y se consiguen los apoyos necesarios, la situación es de un sistema de protección fracasado.
-En los centros de acogida, han hablado con niños que tienen miedo a cumplir los 18 años…
-Exactamente. Hemos hablado con un chico que ahora tiene 19 años, pero llegó en 2020 huyendo de la guerra de Malí con 15 años. Durante los tres años que estuvo en el sistema de protección del Gobierno de Canarias pasó por tres centros. Al cumplir los 18 años no tenía ningún tipo de documentación y todavía no se ha reconocido su condición de refugiado. Sobrevive con muchas dificultades, no tiene trabajo y no recibe ningún tipo de ayuda. También hablamos con otro chico de Marruecos, que llegó en 2023, y al cumplir la mayoría de edad solo le entregaron su pasaporte, quedando en situación de calle. En nuestra investigación lo llamamos niños que temen ser adultos, porque a los 18 años se encuentran sin nada.
-El Gobierno canario tutela a más de 5.800 niños y jóvenes migrantes y lleva más de un año pidiendo ayuda ¿A nivel nacional se está anteponiendo la contienda política a los derechos de la infancia?
-Claramente, sí. Nosotros hemos recibido una carta muy extensa del Gobierno de Canarias en la que dicen que están trabajando en un plan conjunto para mejorar los protocolos de acogida de los niños, que el equipo de la Dirección General de Infancia se ha fortalecido con 20 personas y que han recibido 50 millones de los 200 millones para esas mejoras por parte del Gobierno central. Pero esto no es suficiente. La realidad es que hay niños que no se les identifica como niños durante mucho tiempo, no hay ni abogados ni intérpretes de calidad para que puedan pedir asilo… Lo que es más grave es la descoordinación y la falta de unos mínimos criterios homogéneos entre la Fiscalía, la policía y los forenses, que no actúan igual en todas las islas, lo que tiene un impacto clarísimo sobre los derechos de los niños.
-Los gobiernos de Canarias y de España se dieron un plazo de diez días para armar la vía legal que permita un reparto extraordinario de menores. ¿Confían en que el Ejecutivo central ponga pronto sobre la mesa una solución, aunque sea puntual?
-Es una vergüenza que el Estado sea incapaz de garantizar los derechos de 5.800 niños. Desde Amnistía Internacional hemos sugerido que el acuerdo al que lleguen debe cumplir ocho puntos para garantizar los derechos de los niños. Entre los aspectos que creemos fundamentales están que todos los niños y niñas sean adecuadamente identificados, adoptando un protocolo uniforme de determinación de la edad para todo el Estado; que tengan una protección jurídica efectiva y garantizar que cuentan con información y mecanismos de denuncia; dotar de recursos suficientes a Canarias; reforzar los servicios sanitarios, especialmente en El Hierro; o cumplir con el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas.
-La solidaridad voluntaria apenas ha sacado de Canarias a 291 niños desde 2022. ¿Qué está fallando? ¿El resto de comunidades autónomas temen acoger a menores migrantes no acompañados porque los ven como un problema?
-En España hay unos 35.000 niños y niñas no acompañados. De Ucrania hay unos 1.500. Lo que nos parece muy preocupante es que el problema del reparto solo se da con los menores negros. Nos sorprende que los 5.800 niños que hay en Canarias no puedan tener la protección de todo el Estado. Es realmente vergonzoso.
-Las comunidades alegan falta de infraestructuras para acoger más niños, pero Canarias ha pasado de 30 a 82 centros en poco más de un año. ¿Por qué las demás autonomías no hacen un pequeño esfuerzo para arrimar el hombro?
-No es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad política y de cumplir con la legalidad internacional. Quisiera pensar también que no es una cuestión de racismo.
-Cuando estalló la guerra de Ucrania, se recibió con los brazos abiertos a los niños que huían del conflicto. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los niños de Malí que llegan a las costas canarias?.
-No hay conflictos de primera y de segunda, no hay personas de primera y de segunda; no hay menores de primera y de segunda. Lo que no puede ser es que el Estado no tenga la capacidad y la voluntad política de atenderlos como merecen, porque son niños y niñas. No es una cuestión de recursos, porque los niños españoles o ucranianos sin familia son atendidos sin problemas por los servicios sociales de cada comunidad autónoma.
-¿Qué peligros conlleva a la larga no atender correctamente a la infancia migrante?
-El primer peligro es que sus derechos sean violados. Pero también hay que plantearse como peligro que haya tanta discusión sobre su distribución. Esto puede llevar a generar racismo y xenofobia en algunos lugares y, una vez que se abre esa caja, es muy difícil cerrarla. En este sentido, agradecemos tanto al Gobierno de España como al de Canarias que no hayan planteado un discurso racista con respecto a la infancia migrante.
-¿Qué papel puede jugar la Unión Europea ante la situación de colapso en los centros de acogida de Canarias?
-El colapso tiene que ser una cuestión resuelta por las autoridades españolas. Pero, si no se garantizan los derechos de los niños y de las niñas no acompañados, habría que recurrir a instancias judiciales de ámbito europeo. La situación de Canarias es grave, pero no estamos hablando de algo similar a la crisis de refugiados de 2011 a 2015. El problema no está en la llegada de migrantes, está en que la gente se echa al mar porque no existen vías legales y seguras. En general, la política migratoria de Europa se basa en decir «cuanto más lejos están de nosotros, mejor». Es una política realmente vulneradora de derechos humanos.
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