“Como alguien tire del hilo…”
Las maniobras para evitar la imputación del PP en la causa que dio lugar al juicio por el uso de dinero negro en la sede del PP en la madrileña calle Génova, que tuvo su origen en los denominados «papeles de Bárcenas», tuvieron su reflejo en el intercambio de correos electrónicos entre los responsables de la Agencia Tributaria y los inspectores a los que correspondía contestar al juez instructor, Pablo Ruz.
Así lo evidencian varios e-mails incluidos en el sumario del caso que investiga el juez de Tarragona Rubén Rus Vela sobre las actividades presuntamente irregulares de la consultora Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los investigadores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción señalaron en un informe remitido al juez en enero de 2023, consultado por El Periódico de España, del mismo grupo editorial, que los correos apuntan a una «eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos».
De hecho, estas conversaciones y las decisiones adoptadas posteriormente culminaron en una información dirigida directamente al ministro Montoro, como ya informó este diario, sobre las dos alternativas posibles con respecto a la posible atribución al PP de un delito contra Hacienda: un análisis que concluía que existía cuota de delito y otra respuesta en sentido contrario, que fue por la que finalmente se optó.
«Espero que el juez no nos pregunte»
Las comunicaciones reflejan las dudas de los funcionarios públicos a la hora de obviar un posicionamiento previo de la Dirección General de Tributos que obligaría a informar en el primer sentido, así como cierto nerviosismo ante la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional conociera la existencia de este criterio vinculante, que era contrario a las respuestas que estaba recibiendo. «Sólo espero que el juez no nos pregunte específicamente o nos pida aclaración», llega a señalar director general de Tributos, Diego Martín Abril, a uno de los inspectores en un mensaje remitido el 21 de marzo de 2015.
La consulta de UPyD
En septiembre de 2013 se emitió un primer informe sobre la existencia de un posible delito fiscal en el encargo que el PP hizo a la empresa Unifica, la elegida para reformar su sede en Madrid. En este informe se señaló a la compañía como posible autor del mismo, pero no al PP. Unos meses más tarde, en abril de 2014, se produjo una maniobra por parte de UPyD, entonces liderado por Andrés Herzog, que sería clave para lo ocurrido después dentro de Hacienda.
Herzog realizó una pregunta vinculante a la Dirección General de Tributos sobre si las donaciones anónimas que reciben las formaciones y exceden de la cantidad fijada por la Ley de Partidos también están exentas de tributar o, al tratarse de donaciones ‘ilegales’, deberían hacerlo. La respuesta se conoció como ‘doctrina Cáritas’, al señalarse una equivalencia entre estas donaciones y las que reciben organizaciones como las que puedan recibir organizaciones de tipo benéfico para atender a personas desfavorecidas, que están exentas de tributación.
La existencia de este criterio previo complicó la respuesta al juez Ruz desde Hacienda. Así lo evidencia, por ejemplo, el mensaje que el 24 de julio de 2014 se intercambian varios responsables de Hacienda sobre una interpretación contraria en el caso de los papeles de Bárcenas. En el contenido de este mensaje, que acaba llegando a al jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez Rico, y al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, los responsables tratan de desligar las conclusiones para UpyD del asunto en la Audiencia Nacional.
La alta funcionaria que había respondido al partido magenta, Begoña García-Rozado, apunta en un mensaje a las correcciones concretas que deberían enviarse al juez: «Debería indicarse que la consulta no contradice en ningún caso lo que dice el informe»… «yo añadiría un párrafo general al principio indicando algo así (Antonio lo puede completar y poner más bonito)», en referencia al inspector encargado del informe.
La consulta, al descubierto
El tema vuelve a inquietar a los inspectores meses más tarde, tras la publicación el 21 de marzo de 2015 en el diario Expansión de una información con este titular: «Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como Cáritas». «Horror», comenta García-Rozado al poner al día de esta publicación al director general de Tribuntos, Diego Martín-Abril.
A partir de ese momento, el inspector comienza a intercambiarse varios correos con el inspector Antonio Montero: «Te puedes imaginar que ya me han pedido aclaración», señala Martín-Abril, a lo que el otro funcionario responde: «Joder, crucemos los dedos, y que ninguna mente privilegiada empiece a pensar que hay matices».
La cuestión de la que hablan ambos responsables de Hacienda es de la discrepancia entre la Agencia Tributaria, a la que había consultado el juez, y la Dirección de Tributos, para concluir que debería instarse de la AEAT que justificase los motivos jurídicos que han determinado su separación del criterio fijado por Tributos. En el intercambio de valoraciones que se produce a partir de ese momento, llegan a comentar que «el juez tiene la consulta y nunca la ha utilizado….», y llegan a reconocer que «es vinculante para la administración y será de aplicación en cualquier otro caso en el que exista identidad de fondo».
En un momento dado de ese mismo día, el inspector Montero concluye: «Como alguien quiera tirar de ese hilo, respecto del que todavía no se ha escrito nada, la cuestión puede ser aún peor». Seguidamente, recuerda a su superior que en el auto del juez por el que se pedía por segunda vez el informe se invocaba una sentencia de la Audiencia Nacional «que decía, al parecer, lo mismo que la Dirección General de Tributos».
Los responsables esperan que el juez no les pregunte específicamente o pida aclaración: «Pero si se nos pide un informe en el que examinásemos el efecto de nuestro criterio (…) con los presupuestos de hecho, que no derecho, del caso concreto…. crucemos los dedos, y ya guardo silencio«, concluye el inspector en su último correo a Martín-Abril.
Un expediente a la fiscal
Los emails, que evidencian las maniobras de la cúpula de Hacienda con Montoro de ministro, están en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 el propio Montoro y del que se desvinculó dos años después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacción.
El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electrónicos que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal Carmen García Cerdá que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupción conminó a la fiscal, «ante las discrepancias ya surgidas en relación con la dirección de esta causa», que se sometiera «al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos» sobre el procedimiento.
Además, Luzón ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción. De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusación, la fiscal podría ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta última acarrearía su expulsión de Anticorrupción, y por tanto del procedimiento.
El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, uno de los autores de los correos electrónicos, es hermano de Ricardo Martínez Rico, que está imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también están investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fundó Montoro en 2006.
