Tras ser acribillado el pastor y su familia, el grupo narco ligado al crimen quedó fuera de las negociaciones de paz
Luego de que hombres armados asesinaron al pastor Marlon Lora y a sus familia tras ser acechados desde que el religioso ofrecía una misa hasta ser seguidos a un restaurante donde los acribillaron a balazos, el gobierno de Colombia ordenó suspender la participación del clan del Golfo de las negociaciones de paz.
Los dos presuntos homicidas del pastor evangélico fueron señalados de pertenecer al grupo narcoparamilitar del clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro había firmado el viernes una resolución para «excluir como representantes» del grupo en las negociaciones de paz a Jobanis de Jesús Ávila, conocido con el alias de «Chiquito Malo» y a otros dos cabecillas.
Álvaro Jiménez, delegado del gobierno para los acercamientos en las negociaciones de paz, dio a conocer la medida. «Chiquito Malo» es considerado el máximo líder del principal grupo narcotraficante de origen paramilitar, que hoy se llama Ejército Gaitanista de Colombia.
Es el reemplazante de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», tras su captura y posterior extradición a Estados Unidos en 2022. Con la resolución «se espera que en el año 2025 podamos pasar a una fase pública de instalación de una mesa» de conversaciones de paz con el Clan con miras a «la finalización de su existencia», aseguró Jiménez citado por AFP.
El clan del Golfo insiste en ser tratado como organización política
Tres de los seis negociadores inicialmente propuestos por Petro en julio continuarán en la mesa, según la nueva resolución. «Consideramos que es suficiente con las tres personas que quedan habilitadas», aseguró, pues los tres cabecillas excluidos cuentan con «órdenes de captura que tienen el propósito de ser extraditados», lo que podría dificultar el proceso.
El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia pretende desactivar por medio del diálogo la guerra interna que enfrenta a guerrilleros, paramilitares, narcos y agentes estatales. El Clan insiste en ser tratado como una organización política dado su origen paramilitar y suele negarse a aceptar un sometimiento a la justicia.
Según cálculos oficiales, la organización exporta unas 700 toneladas de cocaína anuales desde Colombia, el principal país productor de esa droga según la ONU. El grupo también estaría vinculado con la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan.
El abogado del grupo armado, Ricardo Giraldo, aseguró también el martes a Caracol Radio que la decisión les tomó por «sorpresa» y que generará «reparos» dentro de la organización. «Puede ser legal, pero no suena bonito. ¿Con quién van a negociar?», cuestionó.
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Fuente heraldodemexico.com.mx
